Las leyes de crédito en Venezuela: debates y conflictos (1830-1861).

Abstract

Al culminar en 1821 las guerras por la independencia en Venezuela, numerosos comerciantes extranjeros se radican en los principales puertos de su territorio y logran controlar con prontitud el tráfico con las Antillas, Europa y los Estados Unidos, lo que les permite disponer de numerario para proporcionar anticipos y préstamos a los propietarios de haciendas, ante la ausencia de entidades de crédito especializadas en el ramo. Estos auxilios monetarios son imprescindibles en temporadas de cosecha o bien para el ensanche de las tierras cultivadas. Asimismo, la pobreza del Erario público motiva la solicitud de empréstitos al sector mercantil para solventar los apremios económicos del gobierno. En este contexto, para la expansión del capital comercial es indispensable la reformulación de los mecanismos institucionales que rigen las relaciones económicas, en las que aún sobreviven vestigios coloniales en pugna con el libre ejercicio de la iniciativa privada. La aplicación de los postulados del laissez faire requiere de una profunda revisión del ordenamiento legal concerniente a los préstamos de dinero para adaptarlo a las exigencias del sector mercantil. Así es como la famosa Ley de Libertad de Contratos y la Ley de Espera y Quita se convierten en temas medulares de las discusiones de la época, generando pleitos que trascienden el ámbito económico y tienen incluso repercusiones en el plano político. La reconstrucción del proceso histórico en el que se desenvuelve la evolución de las leyes de crédito, desde los tiempos del paecismo hasta la denominada Guerra Federal, constituye el objetivo central de este trabajo en el que se analizan los conflictos suscitados entre comerciantes y hacendados en torno a las condiciones para otorgar los préstamos, efectuar el remate de los bienes hipotecados y conceder prórrogas a los deudores.