Procedimiento de Interdictos Posesorios en función del Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva

Abstract

La presente investigación tiene por objeto examinar el procedimiento de interdictos posesorios establecido en el Código de Procedimiento Civil, a fin de determinar si el mismo se encuentra ajustado a los principios del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Sus objetivos específicos son: i) analizar el procedimiento de interdictos posesorios establecido en el Código de Procedimiento Civil en función de los principios constitucionales de debido proceso y tutela judicial efectiva; ii) evaluar los criterios jurisprudenciales sostenidos desde 2001 por el Tribunal Supremo de Justicia en materia de interdictos, en relación a las nociones de Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva, y iii) establecer los criterios jurídicos para ponderar los valores de Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva en el procedimiento civil de interdictos. Contiene un estudio descriptivo de las instituciones involucradas, así como un análisis exhaustivo de los diversos criterios jurisprudenciales sostenidos por el Máximo Tribunal tanto en su Sala de Casación Civil como en la Sala Constitucional, para posteriormente determinar con criterio propio si el procedimiento especial civil de interdictos posesorios se ajusta o no a las garantías constitucionales de debido proceso y tutela judicial efectiva. La metodología utilizada es de tipo descriptiva, por cuanto se fundamenta en la revisión documental de la legislación, doctrina y jurisprudencia nacional relacionada con el tema objeto de estudio. Se concluye que el procedimiento de interdictos regulado en la Ley Adjetiva Civil, se encuentra ajustado a los principios de Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva, toda vez que le otorga a las partes garantías suficientes para el resguardo de sus derechos; igualmente se concluye que las sentencias dictadas por la Sala de Casación Civil, han violentado la seguridad jurídica y el buen desenvolvimiento de los juicios sobre la materia, toda vez que han consistido en criterios variantes y contradictorios en el tiempo, afectando por ende las garantías de debido proceso y tutela judicial efectiva de los justiciables. Por último se enumeran tres premisas fundamentales que deben tener por norte tanto los jueces como los justiciables a la hora de tramitar un procedimiento de este tipo, a saber: i) la naturaleza de los interdictos como procesos urgentes, ii) que la no existencia de oportunidad para contestar la querella antes del lapso probatorio no constituye violación al debido proceso, y iii) que la incertidumbre y variación constante de los criterios jurisprudenciales sí afectan el debido proceso y la tutela judicial efectiva.