Aspectos normativos de los estudios de postgrado en Venezuela

Abstract

El presente Trabajo se ha elaborado para cumplir con el requisito exigido por el Plan de Estudios del Curso de Especialización en Derecho Administrativo en la Universidad Central de Venezuela. Su contenido aborda, precisamente, algunos aspectos jurídicos propios de ese nivel del aprendizaje dentro del contexto general de la educación formal. De este modo, el trabajo recoge el resultado de un ejercicio que comprende la revisión general y el análisis de los aspectos jurídicos más relevantes de la normativa aplicable a lo que se conoce bajo la denominación usual de “Estudios de Postgrado” o “Estudios de Cuarto Nivel”, acotando dicho análisis al punto de vista determinado por las instituciones y categorías propias del Derecho Administrativo, en el conjunto del ordenamiento positivo venezolano.En tal sentido, es conveniente advertir - como una precisión introductoria - que al hablar de “Estudios de Postgrado” o “Estudios de Cuarto Nivel” se hace referencia a la actividad educativa especifica y concreta que despliegan las Universidades y otros Centros especializados, formalmente reconocidos y validados a tal fin, mediante la oferta de oportunidades de formación, capacitación o perfeccionamiento, con diferentes escalas de profundidad y alcance, a quienes han obtenido previamente un Título profesional universitario o licenciatura de tercer nivel de educación general. De igual manera es oportuno precisar, en este momento, que el perfil de este trabajo se circunscribe al enfoque jurídico-administrativo de la normativa aplicable a esa específica manifestación de la actividad educativa (estudios de postgrado o 2 cuarto nivel), con lo cual, la perspectiva seleccionada se distingue de otros posibles enfoques que pueden servir para el análisis de esas regulaciones, tales como los de carácter histórico, sociológico, filosófico, pedagógico o político. Como una consecuencia inmediata de lo antes dicho, se hace presente el hecho de que este nivel de formación se inserta en el espectro general de la Educación que, por su trascendencia social, se considera como un asunto sujeto a la regulación, fomento y control del Estado, mediante un amplio elenco de manifestaciones. Por otra parte, el acceso a la educación se ha venido configurando a lo largo del tiempo como un requerimiento legítimo de todas las persona integrantes de la sociedad, en atención a los beneficios que proporciona para la comunidad, la formación sistemática de sus miembros, por cuanto es indudable que el mejoramiento en el conocimiento y las capacidades de los individuos representa un factor de fortaleza de la colectividad, en todos los sentidos.