FUNCIONES DE LA SALA CONSTITUCIONAL: ANÁLISIS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL DESDE UNA PERSPECTIVA OBJETIVA Y MATERIAL

Abstract

Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 se creó un órgano especializado en materia constitucional (Sala Constitucional) a quien se le atribuye la competencia de ser el “máximo y último intérprete de la Constitución”, y por la otra, la consagración de un mecanismo que –en principio- permite fijar una única interpretación acerca del contenido y alcance de las normas y principios contenidos en la Carta Magna, pues le permite revisar de manera extraordinaria las sentencias dictadas por los tribunales de última instancia en materia de amparo constitucional y las dictadas en ejercicio del control difuso por el resto de los tribunales de la República, como lo es el Recurso de Revisión Extraordinaria, previsto en el Numeral 10 del Artículo 336 de la Constitución. No obstante, la instauración del mismo va de la mano con otra serie de problemas, unos de índole jurídica, otros de índole política, pero al fin y al cabo, inconvenientes que hacen que hoy día no haya uniformidad de criterios en cuanto a la naturaleza, justificación, correcta utilización y funcionalidad del mecanismo mencionado, con lo cual partiendo de la base de los inconvenientes prácticos que ha generado la implantación de sistemas como este en el derecho comparado, el objeto del presente trabajo se resume a determinar cuál es el grado de discrecionalidad que debe tener la Sala para admitir o inadmitir el Recurso de Revisión en el sentido de dotarla de un grado de discrecionalidad “suficiente” que se le permita seleccionar cuales de las sentencias sometidas a su revisión son constitucionalmente relevantes a los fines de cumplir a cabalidad con su función primordial en este supuesto, a saber: el servir de máximo y último interprete de las normas y principios constitucionales, garantizando así, los principios de igualdad y seguridad jurídica, todo lo que, por vía de consecuencia, se traduciría –en principio- en el mejor y efectivo cumplimiento de la labor judicial encomendada a la Sala Constitucional.