El Arbitraje Comercial Internacional y la Denuncia de Venezuela del Convenio Sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados Nacionales.

Abstract

El arbitraje es un mecanismo de resolución de controversias que brinda seguridad jurídica a los inversionistas, contribuye al incremento de las relaciones económicas internacionales entre inversionistas venezolanos y extranjeros, y trae como consecuencia el crecimiento y desarrollo del comercio internacional. Una de las formas más usuales pactadas por los inversionistas y los Estados, o por las empresas para dirimir sus diferencias, es someterlas a un tribunal arbitral que decida de forma expedita y ajustada a derecho una determinada controversia. Luego de una amplio recorrido, tanto en materia normativa como en la práctica del mecanismo del arbitraje, se han creado diversos organismos e instituciones tanto nacionales como internacionales, con el objeto de dirimir controversias que se presenten entre comerciantes a los fines de proteger sus inversiones, intereses y en definitiva las buenas relaciones en el mundo comercial. En este marco institucional, se encuentra el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (en lo sucesivo “CIADI”) una de las organizaciones más relevantes, de gran aceptación y prestigio entre los inversionistas. El CIADI fue creado por el Convenio para Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (en lo sucesivo “Convenio de Washington”) , al que Venezuela en el año 1995 decidió adherirse y someterse a su jurisdicción para la resolución de controversias. El CIADI, es un mecanismo de resolución de disputas de inversión aceptado de forma generalizada, que reconoce la función e importancia de las inversiones internacionales de carácter económico, y a través del cual se busca fomentar el desarrollo de las relaciones internacionales, así como el crecimiento del comercio y las inversiones extranjeras. A la jurisdicción de dicho Centro, pueden ser sometidas las diferencias de naturaleza jurídica que surjan directamente con ocasión a una inversión entre un estado contratante (miembro de la Convención) y un nacional de otro estado contratante, y además que las partes hayan consentido por escrito, en el contrato someter las diferencias que pudiesen existir a dicho centro. Ahora bien, el 24 de enero de 2012, Venezuela formalmente denunció el Convenio de Washington, lo que dio inicio a una serie de interrogantes sobre las consecuencias jurídicas y políticas de dicha decisión, así como la influencia en las relaciones de carácter económico internacional de Venezuela y los inversionistas. A nivel comercial, dicha decisión implica un freno a los inversionistas y por ende la disminución de la inversión extranjera en el país, debido a que éstos últimos no cuentan con un mecanismo jurídico que les permita defender sus intereses y salvaguardar su inversión frente actuaciones del Estado Venezolano, y que ante esa ausencia de normas, estado de derecho, justicia imparcial y reglas de juego clara, se menoscaben o lesionen sus derechos. A los fines de hacer un análisis detallado del alcance de dicha decisión en el ámbito del derecho mercantil, el presente trabajo centra su estudio en torno al arbitraje comercial y las consecuencias jurídicas que acarrea la denuncia de Venezuela del Convenio de Washington, en cuanto al sometimiento de controversias que se susciten con ocasión a inversiones realizadas en el país, en las cuales se cumplan con los requerimientos estipulados para ello para su sometimiento ante el CIADI. La problemática versa sobre la jurisdicción de dicho Centro, bien para conocer disputas que se encuentran en curso y que fueron sometidas ante el CIADI en el período en que la Convención de Washington se encontraba vigente (1995-2012), así como por las disputas presentadas ante el CIADI con posterioridad a la denuncia del Convenio de Washington, que Venezuela formalizó el 24 de enero de 2012. Asimismo, se examinarán otros mecanismos que se mantienen vigentes y que pueden ser empleados por los inversionistas y comerciantes para dirimir sus controversias, en otras instancias arbitrales internacionales y nacionales, y que les permitan salvaguardar sus derechos e intereses en torno a inversiones que sean realizadas en Venezuela, como los serían el Mecanismo Complementario del CIADI, Arbitrajes Independientes, Centro de Arbitraje nacionales e internacionales, así como los tribunales venezolanos.