La ejecución de créditos fiscales en las legislaciones venezolana y española

Abstract

El propósito de este trabajo es comparar los ordenamientos jurídicos venezolano y español, en lo que respecta a la ejecución de créditos fiscales. Para ello se establecieron los siguientes objetivos específicos: 1) Estudiar la naturaleza jurídica del principio de ejecutoriedad de los actos administrativos; 2) Analizar el juicio ejecutivo establecido en el Código Orgánico Tributario venezolano y el procedimiento de apremio dispuesto en la Ley General Tributaria española; y 3) Describir los medios de control jurisdiccional de las administraciones tributarias venezolana y española en el ejercicio de su función de cobro fiscal. Las interrogantes que la investigación se planteó fueron las siguientes: ¿Es lo suficientemente efectivo el camino tomado por nuestro legislador en lo que respecta a la ejecución de créditos fiscales? ¿Es la ejecución judicial de estos créditos una garantía para los derechos de los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias? ¿No son los créditos fiscales susceptibles de ejecución actos administrativos definitivamente firmes? ¿La ejecución directa de créditos fiscales por parte de la administración tributaria contravendría alguna disposición constitucional y dejaría en indefensión al ciudadano frente a la administración? ¿Sería ésta una forma de establecer un sistema eficiente para la recaudación tal como lo dispone el artículo 316 de nuestra Constitución? ¿Podría nuestro legislador otorgar este poder a la administración tributaria venezolana sin traspasar los límites que le impone la Constitución? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo opera la ejecución en sede administrativa de créditos fiscales en legislaciones como la española? ¿Es esta legislación más o menos garantista que la nuestra? Por consistir el presente trabajo en un estudio comparado de los ordenamientos jurídicos venezolanos y español en lo que se refiere a la ejecución de créditos fiscales, haciendo referencia no sólo a las normas de derecho positivo que se encuentran vigentes en la materia, sino también a las interpretaciones que la doctrina les ha dado a las mismas y a las sentencias dictadas por los tribunales españoles y venezolanos en aplicación de las referidas normas, nos encontramos en presencia de una investigación documental. Finalmente, producto de la investigación realizada, se generaron las siguientes conclusiones: 1) Aunque la legislación española puede resultar más gravosa que la venezolana, pues contempla no sólo el cobro de intereses moratorios y costas procesales, sino además de un recargo que oscila entre el 5% y el 20 % de lo adeudado, esta legislación contempla muchos más medios de defensa para la salvaguarda de los derechos de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, además de un período para el cumplimiento voluntario en los casos de liquidación de la deuda por parte de la propia administración y 2) La legislación española contiene mayor desarrollo normativo lo cual minimiza el riesgo de una actuación discrecional cercana a la arbitrariedad por parte de la administración tributaria.